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También se introducen modificaciones en la Orden del Ministerio de Industria y Energía, 
de 27 de julio de 1999, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 
extintores de incendios instalados en vehículos de transporte de personas o de mercancías. 
Dicha orden establece el número mínimo y clasificación mínima de los extintores que 
deberían llevar los vehículos obligados de acuerdo con el Reglamento General de Vehículos. 
Tal como se cita en dicha orden, lo en ella prescrito es de obligado cumplimiento sin perjuicio 
de lo que pudiese establecerse en otra reglamentación específica. Resulta que, en virtud del 
Acuerdo Europeo sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR) que es 
de obligado cumplimiento tanto para transporte nacional como internacional, los vehículos 
para transporte de mercancías peligrosas están obligados a llevar una dotación específica 
de medios de extinción, definidos de acuerdo con otros criterios. Por ello, para facilitar el 
cumplimiento por estos vehículos tanto del Reglamento General de Vehículos, aprobado por 
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, como, en su caso, del citado Acuerdo ADR, se 
ha considerado conveniente modificar las prescripciones de los extintores exigibles a los 
vehículos de transporte de mercancías en general.
Adicionalmente 
se 
introducen 
modificaciones 
en 
las 
Instrucciones 
Técnicas 
Complementarias del Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas, aprobado por 
el Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, con el objetivo de mejorar y actualizar su 
contenido en varios aspectos que se han detectado convenientes.
También se introduce una nueva disposición en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la 
Seguridad Industrial, para indicar expresamente que, para los productos industriales, la 
información y documentación que deba acompañar a estos (tal como los datos de contacto 
de los agentes económicos o las instrucciones) se debe facilitar, al menos, en castellano.
Por último, se realizan cambios para mejorar el redactado de algunos apartados 
concretos del Real Decreto 355/2024, de 2 de abril, por el que se aprueba la Instrucción 
Técnica Complementaria ITC AEM 1 «Ascensores», que regula la puesta en servicio, 
modificación, mantenimiento e inspección de los ascensores, así como el incremento de la 
seguridad del parque de ascensores existente.
El contenido del presente real decreto se aprueba dentro del marco de la seguridad 
industrial, de acuerdo con lo establecido en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. Cabe 
destacar que dicha ley no sólo prevé los reglamentos de seguridad industrial, sino que define 
el marco en el que ha de desenvolverse la seguridad industrial, estableciendo los 
instrumentos necesarios para su puesta en aplicación, de conformidad con las competencias 
que corresponden a las distintas Administraciones públicas. Así, el artículo 12.5 de la Ley de 
Industria establece que los Reglamentos de Seguridad Industrial de ámbito estatal se 
aprobarán por el Gobierno de la Nación, sin perjuicio de que las comunidades autónomas, 
con competencia legislativa sobre industria, puedan introducir requisitos adicionales sobre 
las mismas materias cuando se trate de instalaciones radicadas en su territorio.
Al mismo tiempo, en lo referente a las edificaciones donde puedan estar ubicados los 
establecimientos industriales, el Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales también desarrolla el requisito básico de la edificación 
«Seguridad en caso de incendio», recogido en el artículo 3.1.b.2) de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación. Del mismo modo, la modificación del 
Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio DB-SI del Código Técnico de la 
Edificación también se aprueba con base en la citada Ley 38/1999, de 5 de noviembre.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado las competencias exclusivas sobre bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica, sin perjuicio de las 
competencias de las comunidades autónomas en materia de industria.
Esta regulación tiene carácter de normativa básica y recoge previsiones de carácter 
marcadamente técnico, por lo que la ley no resulta el instrumento idóneo para su 
establecimiento y se encuentra justificada su aprobación mediante real decreto.
Este real decreto se ha elaborado teniendo en cuenta los principios que conforman la 
buena regulación, a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En particular, se 
cumplen los principios de necesidad y eficacia al considerarse que la aprobación de este real 
decreto es el instrumento necesario y adecuado para conseguir los objetivos perseguidos. El 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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