Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. · edición 2025-09-03 · capa asociada
Documento BOE-A-2002-18099 · SHA-256 del PDF e101577e04e6f17ee249f8839be680cfde326028faa5a71889c83d9663964f96
Copia fiel del PDF fuente · Fuente oficial
Ficha de la disposición en la fuente oficial
Texto extraído y reorganizado: Basado en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. PDF reproducido: Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
Formatos: JSON del segmento · Markdown
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
la actividad en régimen de libre prestación en territorio español, deberán presentar, previo al
inicio de la misma, ante el órgano competente de la comunidad autónoma donde deseen
comenzar su actividad, una declaración responsable en la que el titular de la empresa o el
representante legal de la misma declare para qué categoría, y en su caso, modalidad, va a
desempeñar la actividad, que cumple los requisitos que se exigen por esta instrucción
técnica complementaria, que dispone de la documentación que así lo acredita, que se
compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad y que se responsabiliza de
que la ejecución de las instalaciones se efectúa de acuerdo con las normas y requisitos que
se establecen en el Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real
Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y sus respectivas instrucciones técnicas
complementarias.
Para la acreditación del cumplimiento del requisito de personal cualificado la declaración
deberá hacer constar que la empresa dispone de la documentación que acredita la
capacitación del personal afectado, de acuerdo con la normativa del país de establecimiento
y conforme a lo previsto en la normativa de la Unión Europea sobre reconocimiento de
cualificaciones profesionales, aplicada en España mediante el Real Decreto 581/2017, de 9
de junio. La autoridad competente podrá verificar esa capacidad con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 15 del citado real decreto.
5.3 Las comunidades autónomas deberán posibilitar que la declaración responsable sea
realizada por medios electrónicos.
No se podrá exigir la presentación de documentación acreditativa del cumplimiento de
los requisitos junto con la declaración responsable. No obstante, esta documentación deberá
estar disponible para su presentación inmediata ante la Administración competente cuando
ésta así lo requiera en el ejercicio de sus facultades de inspección, comprobación y control.
5.4 El órgano competente de la comunidad autónoma, asignará, de oficio, un número de
identificación a la empresa y remitirá los datos necesarios para su inclusión en el Registro
Integrado Industrial regulado en el título IV de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y
en su normativa reglamentaria de desarrollo.
5.5 De acuerdo con la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, la declaración
responsable habilita por tiempo indefinido a la empresa instaladora, desde el momento de su
presentación ante la Administración competente, para el ejercicio de la actividad en todo el
territorio español, sin que puedan imponerse requisitos o condiciones adicionales.
5.6 Al amparo de lo previsto en el apartado 3 del artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
Administración competente podrá regular un procedimiento para comprobar a posteriori lo
declarado por el interesado.
En todo caso, la no presentación de la declaración, así como la inexactitud, falsedad u
omisión, de carácter esencial, de datos o manifestaciones que deban figurar en dicha
declaración habilitará a la Administración competente para dictar resolución, que deberá ser
motivada y previa audiencia del interesado, por la que se declare la imposibilidad de seguir
ejerciendo la actividad, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse de las
actuaciones realizadas, y de la aplicación del régimen sancionador previsto en la Ley
21/1992, de 16 de julio, de Industria.
5.7 Cualquier hecho que suponga modificación de alguno de los datos incluidos en la
declaración originaria, así como el cese de las actividades, deberá ser comunicado por el
interesado al órgano competente de la comunidad autónoma donde presentó la declaración
responsable en el plazo de un mes.
5.8 Las empresas instaladoras cumplirán lo siguiente:
a) Disponer de la documentación que identifique a la empresa instaladora, que en el
caso de persona jurídica deberá estar constituida legalmente.
b) Contar con los medios técnicos y humanos necesarios para realizar su actividad en
condiciones de seguridad, que, como mínimo serán los que se determinan en el Apéndice I
de esta instrucción técnica complementaria.
c) Haber suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía
equivalente que cubra los daños que puedan provocar en la prestación del servicio por una
cuantía mínima de 600.000 euros por siniestro para la categoría básica y de 900.000 euros
por siniestro para la categoría especialista. Estas cuantías mínimas se actualizarán por
Página 44