nuevas exigencias, y continuarán rigiéndose por la reglamentación que les era de aplicación 
con anterioridad, salvo en los aspectos indicados en los siguientes apartados.
2. Las disposiciones de los apartados 1, 2 y 3 del artículo 12, relativos al funcionamiento 
y mantenimiento; del capítulo IV, sobre inspecciones; del capítulo V, sobre la actuación en 
caso de incendio; y del capítulo VI, referente al régimen sancionador; serán de aplicación a 
todos los establecimientos industriales, independientemente de si son nuevos o existentes 
con anterioridad, a partir de transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del presente 
real decreto.
3. Respecto al artículo 13 del Reglamento aprobado por el presente real decreto, 
referente a las inspecciones periódicas, los establecimientos industriales existentes a la 
entrada en vigor del presente real decreto deberán realizar inspecciones periódicas 
atendiendo a las siguientes consideraciones, a partir de transcurridos seis meses desde la 
entrada en vigor del presente real decreto:
a) Los establecimientos industriales que fueron construidos o implantados conforme al 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, aprobado 
por el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, el cual ya regulaba la existencia de 
inspecciones periódicas, deberán adaptar el contenido y la periodicidad de dichas 
inspecciones a lo indicado en el artículo 13 del Reglamento aprobado por el presente real 
decreto. En estos casos, el organismo de control deberá tener en consideración que los 
requisitos constructivos y de las instalaciones de dichos establecimientos son los que 
estableció el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, 
aprobado por el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre.
b) Los establecimientos industriales que fueron construidos con anterioridad a la entrada 
en vigor del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, deberán realizar inspecciones 
periódicas, al menos, cada 5 años, limitando su contenido a los equipos y sistemas de 
protección activa contra incendios, mediante la metodología de inspección que se recoge en 
el artículo 22 del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios aprobado por 
el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo.
Se exceptúan de las inspecciones periódicas indicadas en las letras a) y b) anteriores a 
los establecimientos industriales cuya densidad de carga de fuego ponderada y corregida 
(Qs), calculada según el anexo I del Reglamento aprobado por el presente real decreto, no 
supere 42 MJ/m2, siempre que su superficie construida sea inferior o igual a 120 m2 y que 
cumplan con lo indicado en el apartado 2 del artículo 5 de dicho Reglamento.
4. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, el Reglamento aprobado por el 
presente real decreto se aplicará a los establecimientos industriales existentes con 
anterioridad a su entrada en vigor cuando se produzca alguna de las dos situaciones 
siguientes:
a) Que se realicen ampliaciones o reformas que impliquen un aumento de la superficie o 
del nivel de riesgo intrínseco de sus sectores o áreas de incendio (conforme a los ocho 
niveles establecidos en la tabla 1.3.1 del anexo I del Reglamento aprobado por el presente 
real decreto).
A los efectos de justificar que una ampliación o reforma no ha aumentado la superficie ni 
el nivel de riesgo intrínseco, el titular deberá tener a disposición de la Administración 
competente la información de la intervención realizada, pudiendo además disponer de un 
certificado emitido por una persona técnica titulada competente.
b) Que se produzca un cambio de la actividad que determine que el establecimiento 
industrial deje de adecuarse al proyecto que permitió su puesta en marcha e incumpla las 
condiciones técnicas y disposiciones reglamentarias conforme a las cuales se registró.
A los efectos de justificar que un cambio de actividad no ha determinado que el 
establecimiento industrial deje de adecuarse al proyecto que permitió su puesta en marcha, 
ni incumple las condiciones técnicas y disposiciones reglamentarias conforme a las cuales 
se registró, el titular deberá tener a disposición de la Administración competente la 
información de los cambios realizados, pudiendo además disponer de un certificado emitido 
por una persona técnica titulada competente.
Los cambios de titularidad en los que el nuevo titular se subrogue en las obligaciones del 
titular anterior y que no impliquen un cambio de la actividad en los términos descritos 
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LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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