legalmente en un Estado miembro de la Unión Europea para ejercer dichas actividades y 
declaración de la inexistencia de prohibición alguna, en el momento de la declaración, que le 
impida ejercer la actividad en el Estado miembro de origen. Para la acreditación del 
cumplimiento del requisito establecido en la letra d) bastará que la declaración se refiera a 
disponer de la documentación que acredite la capacitación del personal afectado de acuerdo 
con la normativa del país de establecimiento, en consonancia con lo previsto en la normativa 
sobre reconocimiento de cualificaciones.
La presentación de dicha declaración responsable habilita para el ejercicio de la 
actividad en todo el territorio español y se podrá adaptar al modelo establecido en el 
apéndice 5 de este reglamento.
En caso en que dicho ejercicio de la actividad en territorio español implique el 
desplazamiento de trabajadores de dichas empresas de nacionalidad no comunitaria, 
deberán cumplir también lo establecido en la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre 
desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional.
Artículo 39.  Registro.
1. Los órganos competentes de las comunidades autónomas inscribirán de oficio en sus 
correspondientes registros autonómicos los datos de las empresas instaladoras o 
mantenedoras, con base en la declaración responsable o en la comunicación de 
modificaciones o cese de la actividad que hayan realizado.
2. La inscripción en el registro no condicionará la habilitación para el ejercicio de la 
actividad.
3. Corresponderá a las comunidades autónomas elaborar y mantener disponible para su 
presentación electrónica los modelos de declaración responsable y de comunicación de 
modificaciones y cese. A efectos de la inclusión en el Registro Integrado Industrial, el órgano 
competente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo elaborará y mantendrá 
actualizada una propuesta de modelos de declaración responsable, que deberá incluir los 
contenidos mínimos necesarios que se suministrarán al citado registro, incluyendo los datos 
del prestador, en su caso de la autoridad competente del Estado miembro en el que está 
habilitado, y especificando aquellos que tendrán carácter público.
4. El órgano competente de la comunidad autónoma, asignará, de oficio, un número de 
identificación a la empresa y remitirá al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, los datos 
necesarios para su inclusión en el Registro Integrado Industrial regulado en el título IV de la 
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y en su normativa de desarrollo.
5. El órgano competente de la comunidad autónoma podrá poner a disposición del 
público listados de empresas instaladoras o mantenedoras habilitadas, incluyendo 
información actualizada referente a las especialidades en las que su trabajo se desarrolla. El 
órgano competente de la comunidad autónoma elaborará dichos listados siguiendo criterios 
de objetividad y transparencia que eviten cualquier menoscabo de la libre competencia, 
aclarando en cualquier caso que los listados tienen carácter informativo y no exhaustivo.
Artículo 40.  Ejercicio de la actividad.
1. Al amparo de lo previsto en el apartado 3 del artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, la Administración competente podrá regular un 
procedimiento para comprobar a posteriori lo declarado por el interesado.
En todo caso, la no presentación de la declaración, así como la inexactitud, falsedad u 
omisión, de carácter esencial, de datos o manifestaciones que deban figurar en dicha 
declaración habilitará a la Administración competente para dictar resolución, que deberá ser 
motivada y previa audiencia del interesado, por la que se declare la imposibilidad de seguir 
ejerciendo la actividad y, si procede, se inhabilite temporalmente para el ejercicio de la 
actividad sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse de las actuaciones 
realizadas.
2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.4 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de 
Industria, el incumplimiento de los requisitos y normas exigidos para el ejercicio de la 
actividad, una vez verificado y declarado por la autoridad competente mediante resolución 
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